Las tasas judiciales son un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en determinados supuestos las personas jurídicas por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. La gestión de este tributo está legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

La posibilidad de exigir el pago de estas tasas a las personas jurídicas entró en vigor el 1 de abril de 2003. Tras la entrada en vigor de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, fueron exigibles también a las personas físicas hasta el 1 de marzo de 2015; pero con  la última reforma, llevada a cabo el 15 de agosto de 2016, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de julio, en la que se ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas judiciales correspondientes a los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social y de determinadas tasas correspondientes a procesos en el orden jurisdiccional civi, se ha eliminado la obligación de presentar el modelo de autoliquidación para las personas físicas, en todos los órdenes jurisdiccionales. 

Puede consultar sus dudas sobre las TASAS JUDICIALES a través de los siguientes enlaces:



CALCULADORA DE TASAS JUDICIALES.

TASAS JUDICIALES introducidas por la Ley 10/2012, de 21 de noviembre

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TASAS por la Ley 3/2013, de 22 de febrero

MODELO 696.Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. (REQUIERE CERTIFICADO DIGITAL).

MODELO 696. Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. (SIN CERTIFICADO DIGITAL).